EL ADELANTAMIENTO DE LAS ELECCIONES

ESTA MEDIDA SÓLO DEMUESTRA COMO SE BARATEA LA SOBERANÍA DEL PUEBLO
El abogado constitucionalista, Ricardo Monner Sans, reflexiona acerca de la validez constitucional de cambio de fecha propuesto por el Gobierno Nacional para las próximas elecciones legislativas, y advierte sobre la fragilidad institucional y la devaluación del acto electoral que este intento genera.
Por Natalia Alderete

El proyecto oficial para adelantar las elecciones de octubre al próximo 28 de junio, que ya cuenta con la media sanción de la Cámara de Diputados, espera ser debatido en la Cámara Baja el próximo miércoles.

Mientras los senadores del Frente para la Victoria hacen cuentas para llegar a la mitad más uno de los votos, que les permitirá la aprobación de la ley, el Presidente de la Asociación Civil Anticorrupción, Ricardo Monner Sans, insiste en el equívoco en el que cae la medida argumentando la “base de la simultaneidad sobre la que gira el Código Electoral”, que consiste en la proximidad de los que entran y los que salen.

En caso de aprobarse el proyecto propuesto por el Gobierno Nacional ¿cuál será la función soberana y auténtica de los representantes que quedan entre el 28 de junio y el 10 de diciembre? Según Monner Sans, es en este punto donde radica “el absurdo, porque los que estén terminando su mandato estarán sentados con las espaldas desnutridas. Lo que se produce es el mayor de los vacíos de representación popular”.

En una clara referencia a lo ocurrido en el recinto el pasado miércoles, el titular de la Asociación Civil Anticorrupción califica de “muy desalentador” el hecho de que “se haya entendido que el menguado interés de un partido político está encima de la calidad de las instituciones”, y advierte: “Esta es una decisión oportunista y no, una decisión democrática. Entonces, la llamada seguridad jurídica ¿no queda hecha trizas?”.

En 2004, un fallo de la Cámara Nacional Electoral prohibió el cambio en la fecha de las elecciones en la provincia de Misiones, por declararlo irrazonable y, por tanto, inconstitucional. Si bien este fallo sienta precedente a favor de aquellos que no están de acuerdo o se ven perjudicados por el cambio de fecha propuesto por el Gobierno, el camino es largo y el tiempo, muy corto.

Según el abogado constitucionalista, en caso de que se apruebe el adelantamiento, “las leyes que vote el Congreso entre junio y diciembre van a tener total validez, más allá del absurdo que se maneje. Pero si bien serán normas legales, carecerán de prestigio moral”.

La fragilidad institucional que este proceso genera ya no está en discusión, pero “que le hace una mancha más al tigre”, asegura el Pte. de la Asoc. Civil Anticorrupción, y agrega: “Este es el gobierno que más derechos constitucionales ha frustrado. Un gobierno profundamente antidemocrático, si por democracia entendemos algo más que el momento electoral: ha profundizado la diferencia entre los muy ricos y los muy pobres; esto ya rompe el criterio de igualdad ante la ley, quebrando el mandato de promover el bienestar general. Cuando toquetean al Poder Judicial rompen el otro mandato constitucional que es afianzar la justicia; cuando se burlan de la soberanía popular golpean el artículo 33 de la Constitución Nacional”.

Finalmente, Ricardo Monner Sans sentencia: “Que la medida es una manera de salvar el ogrerismo de los kirchneristas, no hay dudas. Que eso tiene por detrás el tema de las cuentas fiscales, tampoco. Pero pretender ganar así esta votación es intentar darle al país la posibilidad de otra variable del autoritarismo”.